Acceso a la información, participación pública

Luego que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobara por mayoría el dictamen para archivar la ratificación por parte del Perú del Acuerdo de Escazú, se retomó la discusión respecto a cómo la suscripción y aplicación del acuerdo afectaría la dinámica económica y social en el país.

La iniciativa supone que los países de la región carecen de instrumentos que garanticen derechos de los ciudadanos en relación al acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales; de alguna manera así lo aceptaron los veintidós países que lo firmaron inicialmente, incluido el nuestro. Independientemente de las posiciones, a favor o en contra, el momento representa una oportunidad para analizar las dimensiones planteadas en el acuerdo.

En materia ambiental, contamos con una de la más abundante y rigurosa legislación de América Latina y el Caribe, y aunque cada país atraviesa experiencias distintas, en Perú desde hace treinta años se han instrumentalizado reglamentos específicos para cada proyecto de desarrollo que se busque iniciar, sea de carácter público o privado, protegiendo el agua, la tierra y la biodiversidad; las mismas incorporan el derecho a la información de la población y las comunidades permitiéndoles expresar sus opiniones e influir en las decisiones finales; hasta aquí pareciera que la labor reguladora del Estado estaría cubierta.

Sin embargo, de acuerdo con el informe “Estado de Derecho Ambiental: Primer informe global” (ONU,2019), los mayores desafíos para mitigar el cambio climático y reducir la contaminación es la débil capacidad de los gobiernos por aplicar y hacer cumplir las regulaciones; entre las causas que contribuyen a la deficiente aplicación de las leyes ambientales, señalan a la escasa coordinación entre los organismos gubernamentales, instituciones debilitadas, insuficiente acceso a la información, corrupción y reducida participación ciudadana.

Es importante reconocer que desde el espacio empresarial se requiere incrementar esfuerzos para difundir el desempeño respecto a la implementación y cumplimiento de la normativa ambiental y de participación ciudadana, especialmente en sectores sensibles como el minero energético, sobre el que recae la mayor y más estricta normativa y, que ha manifestado su rechazo a la ratificación del Acuerdo por considerarla riesgosa para futuras inversiones en el sector.

La actividad minero energética cumple con el acceso a la información de las poblaciones de los territorios donde desarrollan sus actividades, empleando diversos instrumentos, desde los planteados por el ente regulador (MINEM, OEFA, OSINGERMIN, etc.), así como los realizados por iniciativa propia, a fin de mantener informados a sus grupos de interés respecto a sus intervenciones en cada una de las etapas de desarrollo: exploración, implementación, operación y cierre; a pesar de ello, la desconfianza persiste entre los actores sociales.

Ante el cuestionamiento de si los mecanismos de información y participación ciudadana son idóneos, principalmente en el sector extractivo, es necesario que se examine cómo se ha abordado este aspecto desde las empresas; cumplir la ley no es suficiente, los grupos de interés reclaman información, en algunos casos porque no les llega oportunamente, en otros porque la que obtienen es difícil de comprender, o porque se queda en algunos pocos; reflexionar sobre si nuestros procesos de comunicación están generando valor para la población del territorio y la sociedad en general.

En cuanto a la confiabilidad del contenido, es importante involucrar a las comunidades y la sociedad civil en el proceso de construcción de la información ambiental a través de espacios organizados como los comités de monitoreo y vigilancia socio ambiental participativos; propiciar su inclusión en la gestión socio ambiental local, nos permitirá construir relaciones de confianza, recoger consultas, preocupaciones y propuestas ambientales. Recuerde devolver oportuna y adecuadamente la información recolectada, así la comunidad descartará recurrir a agentes externos para intermediar entre ellos y la empresa, empoderar con información.

Las experiencias son distintas, es cierto, pero es evidente que se necesita seguir mejorando los procesos de relacionamiento con los grupos de interés; del total de conflictos socio ambientales reportados por la Defensoría en agosto último, 81% corresponden a minería e hidrocarburos; podríamos atribuirlo a distintas variables: “debilidad institucional”, “intereses creados”, “ambientalistas radicales”, que por cierto son todas previsibles en el contexto extractivo;  pero en la gestión social, en la primera línea, está la empresa.

Empecemos por reflexionar sobre la propuesta de valor que estamos ofreciendo a las comunidades de las que somos parte, no hay discusión sobre la contribución al crecimiento económico, como tampoco la hay sobre la desigualdad que se mantiene en la mayoría de los territorios; el Covid 19 nos mostró las debilidades estructurales que cuestan aún miles de víctimas mortales a pesar de 30 años de solidez económica. Podríamos seguir discutiendo respecto lo que le corresponde hacer al Estado, pero en la ruta del desarrollo somos cuatro: sociedad, empresa, estado y la academia; en el rol individual, la meta de la sostenibilidad requiere mantener equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental.

El Acuerdo de Escazú, discutible sin duda, está demandando mayor conexión entre los actores del desarrollo, recoge el sentir de los que se consideran excluidos de las decisiones en sus territorios y no son pocos; coloca la defensa y protección del medio ambiente como una prerrogativa exclusiva de algunos, ¿no es acaso un principio de actuación de toda empresa responsable?. En un país que se sostiene en el aprovechamiento de sus recursos naturales, debiera percibirse a la empresa como el principal defensor del medio ambiente.

CEPAL estableció arreglos tras el vencimiento del plazo para la ratificación, dejando abierta la posibilidad para que los países que no lo han firmado dentro del plazo estipulado pueden hacerse Parte mediante la adhesión. El 2030 está cerca, la rendición de cuentas captará mayor atención de las partes interesadas; las buenas prácticas sobre el bien común deben ser visibles.